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Todos aquellos propios de un despacho de Procuradores que son los de representar al cliente en todo tipo de procedimientos judiciales, y gestionar el trámite de los procesos judiciales y administrativos. El despacho ofrece un servicio de gestión procesal eficaz, al aprovechar al máximo las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, y trabajar a fondo la comunicación con los abogados con los que trabaja así como con sus propios clientes, fomentando un clima de confianza y también de compromiso con la realidad social y jurídica del momento. 

La figura del procurador no es, para nada, conocida por la población, aunque es cierto que desde el Colegio de Procuradores de Barcelona se ha empezado a trabajar para que esto cambie. En este sentido, desde este despacho trabajamos la comunicación con el cliente, para que éste sepa a quién ha contratado, qué hacemos y cómo lo hacemos, y para que se acabe con la idea de que todo el mundo ha tenido alguna vez un Procurador que nunca vio, que nunca supo para qué servía y, al que encima tuvo que pagar. 

Con esta reforma los procuradores españoles asumiremos nuevas competencias con funciones similares a las que desarrollan nuestros colegas europeos. Se agilizará la tramitación de los procedimientos judiciales nacionales e internacionales, y un aspecto esencial es que a los Procuradores se nos reconocerá capacidad de certificación para realizar actos de comunicación y la condición de agentes de la autoridad. Por lo tanto se ofrece una vía de gestión alternativa a la tradicional de la oficina judicial que agilizará los trámites procesales, y dotará de mayor eficacia al procedimiento sin que suponga un mayor coste. 

Sin duda se trata de una medida que limita el acceso a la Justicia por parte de los ciudadanos y vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española. Así lo demuestra un reciente informe del Colegio de Abogados de Barcelona que sostiene que el 70% de los clientes que han consultado a un Abogado han renunciado a interponer una acción judicial por este tema. Además, hay que tener en cuenta que las tasas judiciales por apelar representan un fijo de 800 euros más un variable del 0,5 % de la cuantía reclamada, si se es persona jurídica, y más el 0,1 % de la cuantía reclamada, si se es persona física. Eso a partir del pasado febrero, porque antes de la mini-reforma introducida en las tasas judiciales tras el clamor procedente de todos los ámbitos, la parte variable de la tasa era 0,5 % para personas jurídicas y físicas, en igual importe y con independencia de su nivel económico. Sin duda es una medida muy poco acertada, hay que tener presente que los más perjudicados están siendo los particulares, ya que las empresas y las entidades  financieras siguen demandando e interponiendo recursos.